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Un técnico de la empresa Begasa, V.G.M., se sentó el 11 de mayo en el banquillo de los acusados del Penal número 2 de Lugo como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, registrado en septiembre de 2006 en Lourenzá.
La acusación pública —que solicita para el imputado una pena de nueve meses de prisión y multa de 1.620 euros— considera que el fuego se debió a la mala conservación de una línea eléctrica cuyo mantenimiento era responsabilidad del acusado.
Según reza el escrito de acusación del fiscal, la empresa Begasa es titular de una línea de baja tensión ubicada en la parroquia de Dodelle, en Lourenzá, cuya conservación y mantenimiento era en la fecha del incendio «deficiente», una circunstancia que achaca textualmente a «la comisión de las obligaciones que competían al acusado en el ejercicio de su cargo». El ministerio público señala igualmente que, cuando soplaba el viento, era frecuente que las ramas de los árboles rozasen contra los cables pelados de dicha línea, ocasionando fuertes chispazos y apagones.
Como consecuencia de esta situación, sobre las diez de la mañana del 21 de septiembre de 2006 se ocasionó un incendio, debido supuestamente al roce de varios eucaliptos contra el tendido eléctrico —compuesta por cuatro hilos desnudos de cobre— que comienza en un poste de hormigón en Dodelle y finaliza en unos domicilios en Peizas.
Este fuego se propagó por los lugares de Eira Vella, Corniño, Painzas y Souto, afectando a una superficie aproximada de seis hectáreas de terreno, donde ardieron principalmente pinos, robles americanos y eucaliptos, entre otras especies. De este modo, el incendio ocasionó daños en las fincas de siete vecinos por un importe total superior a los 60.000 euros, cantidad que el ministerio fiscal también reclama en concepto de responsabilidad civil.
DefensaDurante la vista oral, el acusado —que ejerce como ingeniero técnico industrial en Begasa desde hace más de veinte años— declaró que la función de su equipo es actuar en caso de avería, pero no realizar inspecciones rutinarias.«La zona que incluye mi ámbito de actuación abarca once municipios, 2.000 kilómetros de líneas de baja tensión y más de 500 de alta y media tensión, unos 700 transformadores y 27.000 abonados. Atendemos todas las solicitudes y cambios de suministro y los problemas y averías con dos capataces y seis operarios. No hay capacidad para más», señaló.
En su declaración, el acusado recordó que el día del incendio había temporal y que no se recibió ningún aviso por averías o problemas con el suministro, «por lo que acudimos a la zona cuando nos enteramos de que había un incendio y lo estaban achacando a la línea eléctrica», dijo.
Los otros jefes de zona de la provincia —que fueron citados como testigos— corroboraron que supervisar el estado de las líneas y la limpieza de las fincas no figura entre sus obligaciones. «De hecho», explicaron, «hay unas brigadas de tala y poda de una empresa privada que se encargan de realizar esos trabajos según les indique la dirección. No depende de nosotros», señalaron.
Por su parte, las declaraciones de vecinos y peritos transcurrieron en direcciones opuestas, ya que mientras una mujer afirmó que pudo ver como un árbol en llamas se derrumbaba tras un chispazo en la línea eléctrica, uno de los peritos señaló que el incendio fue provocado, «ya que encontramos dos puntos de inicio y, por la temperatura y humedad del momento, si al fuego no se le hubiera ayudado no se iniciaba», concluyó.
Tras la declaración de una veintena de testigos y peritos, el juicio por estos hechos quedó visto para sentencia.
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