Unos 50 familiares de los miembros del retén de bomberos muertos hace dos años cuando intentaban extinguir un incendio en La Riba de Saélices, en Guadalajara, les recordaron a los dos años de su muerte y con un proceso judicial de fondo para saber si hubo o no negligencia en las 11 muertes.
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Ante la delegación provincial de Medio Ambiente de Gudalajara y con la presencia de algunos cargos políticos, como la portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular (PP), Ana Guarinos, y el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, los familiares guardaron un minuto de silencio ante el edificio de la delegación y ante una placa con los nombres de los fallecidos.
Uno de los familiares, José María Manteca, declaró ante los medios que quieren 'la verdad y la justicia' en referencia a la revocación por parte de la Audiencia Provincial de Guadalajara de un informe que no veía negligencia en las muertes y que había sido elaborado por peritos a instancias del juzgado de Sigüenza, en la misma provincia.
Según el familiar de uno de los fallecidos, la Audiencia Provincial les ha dado la razón en el tercer recurso 'que ganamos' ante el rechazo de la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Entre los familiares de las víctimas, sin embargo, también hay disensiones, como refirió José María Manteca al hablar de la delegada provincial de Educación, María Ángeles García, madre de uno de los fallecidos. Según él, García 'no quería que el nombre de su hijo apareciera' entre los muertos en una glorieta.
Dos informes
Coincidiendo con el segundo aniversario, ayer se conocieron dos informes antagónicos, el pericial encargado por el juzgado seguntino a dos técnicos del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid y que publicaba el diario El País y el elaborado a propuesta de las familias de la víctimas
En el primero se concluye que el incendio de Guadalajara, en el que murieron once miembros del retén de Cogolludo, descarta que hubiera imprudencia o negligencia en su combate, pero deja entrever descoordinación y falta de medios para combatirlo.
El informe, de 32 páginas, elaborado por los ingenieros de montes Ana Belén Padrino y Gonzalo Carpintero determina que el fuego era «imprevisible» y que «la ruta de escape» que adoptó el retén al verse rodeado por el humo «resultó fatal, situación achacable sin duda al cúmulo de circunstancias de índole físico y natural».
El dictámen no deja dudas sobre el origen del incendio, que lo atribuye a la barbacoa y considera imprudente prender lumbre en ese lugar y en ese momento en plena ola de calor sahariana, lo cual «suponía un riesgo elevado de incendio» aun cuando estuviese permitida la barbacoa.
Sin embargo, en el informe pericial encargado por las familias de ocho de las once víctimas, que se presentará mañana en el juzgado de Sigüenza, concluye que el proceso de extinción del fuego fue «erróneo y caótico», dijo a Efe una de las letradas del caso, Carmen Martínez de Tejada.
Según De Tejada, el informe pericial ha sido encargado por estas familias, que ejercen la acusación particular, al doctor de la Universidad Politécnica de Madrid José Miguel Montoya Oliver y pone de manifiesto que la Administración regional actuó de forma «negligente» en la gestión de la extinción de dicho incendio.
Este segundo informe añade que hubo un «abandono administrativo y técnico» de las medidas de prevención y «un fracaso estrepitoso y retraso en las actuaciones» frente al fuego, dijo la letrada, para quien el estudio realizado a petición de la jueza es «absolutamente parcial y sesgado», ya que «omite de forma deliberada alguna información».
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