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La ola de incendios que en agosto de 2006 arrasó en apenas dos semanas más de 80.000 hectáreas marcó un antes y un después en la lucha contra los incendios forestales en Galicia. El refuerzo de la investigación policial, con más y mejores medios materiales y humanos, fue una de las pocas lecturas positivas que se sacó de aquel verano y se ha traducido cuatro años después en un aumento significativo de las detenciones y también de los juicios por incendios.
Durante 2009 se condenó a 43 incendiarios en toda Galicia, una cifra que representa más del doble de la veintena de condenas que se lograron en el año 2006 y ocho veces más que las cinco sentencias de culpabilidad que se dictaron en 2005.
El dato cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que antes de la ola de incendios de hace cuatro años, en Galicia, la comunidad más castigada por el fuego, el número de incendiarios que llegaba a sentarse ante un juez apenas representaba un 1% sobre el total de delitos que se cometían. La escasa efectividad judicial en la persecución de los incendiarios se debía a las dificultades para reunir pruebas concluyentes e identificar a los autores, las particularidades de esta tipología de delitos y los escasos recursos de policía y Fiscalía para investigar estos hechos. En el año 2005, de hecho, los tribunales apenas tramitaron una decena de casos relacionados con incendios mientras que el año pasado dictaron un total de 63 sentencias por este tipo de delitos.
Colaboración y especialización
Este espectacular cambio de tendencia obedece a dos causas fundamentales y ambas están relacionadas con la oleada de incendios que convirtió Galicia en un polvorín en agosto de 2006. Álvaro García, fiscal de Medio Ambiente y coordinador de Incendios en Galicia desde 2004, explica que a raíz de aquellos hechos la concienciación social contra este tipo de comportamientos se disparó, un cambio muy importante en una comunidad con una arraigada cultura del fuego. Además, la Xunta y el Gobierno hicieron un gran esfuerzo por reforzar los medios dedicados por las fuerzas y cuerpos de seguridad a la investigación de incendios, lo que se tradujo en una mayor especialización y en mejores resultados.
"Hay más eficacia. Se investigan los incendios mejor y se logran más pruebas lo que nos permite llegar a juicio con material probatorio abundante y de mejor calidad y plantear causas mejor armadas que antes", explica Álvaro García, quien destaca especialmente la "colaboración ciudadana" a la hora de identificar a los autores y testificar, una prueba "fundamental", sobre todo, en casos de incendio doloso o intencionado.
Conseguir llevar a un presunto incendiario a juicio, con todo, no es sinónimo de condena. De hecho, el año pasado se dictaron en Galicia 43 sentencias de culpabilidad y 20 absolutorias, es decir, que casi la tercera parte de los presuntos incendiarios que llegaron a juicio fueron declarados inocentes. "La calidad de la investigación permite llevar más causas a juicio pero eso no quita que si el acusado es inocente, es inocente", argumenta.
Aunque las causas abiertas cada año por este tipo de delitos dependen en parte de la actividad incendiaria, el ritmo de los juicios funcionan de forma diferente. "La inmenda mayoría de las sentencias que se dictan son acumulativas de años anteriores", aclara García, que, a modo de ejemplo, asegura que el año pasado la práctica totalidad de los juicios por incendio se referían a hechos ocurridos entre 2005 y 2008.
Esta lentitud en la tramitación judicial de los incendios explica por qué cuatro años después todavía continúan celebrándose juicios por los hechos ocurridos en agosto de 2006. García reconoce que "muchos procedimientos iniciados" aquel verano aún no se han podido enjuiciar y recuerda que "se tarda años en armar" una causa de este tipo y en reunir a todas las partes implicadas, que suelen ser "muchas". Por otra parte, el fiscal coordinador de Incendios también asegura que por el camino se han ido quedando otra parte importante de las más de 1.300 causas abiertas en 2006. La razón, en este caso, obedece a que "muchas diligencias abiertas se han ido archivando" por diferentes motivos: falta de pruebas para ir a juicio, la muerte del acusado, la desaparición de algún testigo clave, la implicación en los hechos de un menor de edad...
En todo caso, Álvaro García insiste en que es prácticamente imposible obtener un dato concreto acerca de las condenas dictadas por los incendios de 2006 porque implicaría revisar todos los juicios de incendios celebrados en los últimos cuatro años. Una dificultad similar a la que hay para identificar a los incendiarios que siguen en prisión o con medidas extrapenitenciarias por aquellos hechos.
Además y a pesar de que desde 2007 la cifra de incendios ha estado por debajo de la media, el fiscal de Medio Ambiente explica que la investigación no se ha relajado. La policía sigue deteniendo a una media de 200 incendiarios y la cifra de causas judiciales abiertas no ha bajado del millar. "Los incendios dependen de la climatología. Hay años que podemos tener 12.000 y otros 2.000. Pero lo curioso es que el número de procedimientos investigados y los detenidos se mantiene estable desde agosto de 2006", explica García, que añade que por eso cada vez se investiga un porcentaje mayor de los delitos de incendios que se cometen.
Fuente: La Opinión Coruña
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