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A punto de cumplirse tres años del incendio que arrasó más de 5.000 hectáreas en la comarca de l'Alcalatén, la investigación judicial sobre lo sucedido está cerca de vivir un giro trascendental. La magistrada del juzgado de Instrucción número 2 de Castellón da por cerradas las diligencias previas del caso y, en el auto de incoación de procedimiento abreviado para que las partes se pronuncien sobre la apertura de juicio oral.
Asegura que el fuego fue provocado por los trabajos de la empresa Montelpa, subcontratada por Iberdrola, sobre la línea de media tensión y que éstos no contaban con la preceptiva autorización administrativa ni las medidas de prevención requeridas para un trabajo en el monte. Por eso, la juez entiende que lo sucedido en agosto de 2007 en les Useres «sería constitutivo de un delito de incendio forestal».
En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la magistrada da algunas de las claves de lo que ocurrió aquel fatídico 28 de agosto. Según el relato de los hechos, el incendio forestal de l'Alcalatén, que afectó a un total de 5.775 hectáreas de los términos municipales de les Useres, Costur, Atzeneta, Figueroles, Llucena y l'Alcora, tuvo su origen en la partida Font de la Bonsa, en el primero de los municipios, a unos cinco metros de una torre eléctrica propiedad de la empresa Iberdrola. En concreto, según la magistrada, el fuego se originó cuando cuatro operarios de la empresa Montelpa SL realizaban una operación de desmontaje de un tripolar de una torre eléctrica. Cuando uno de estos trabajadores realizó un corte de hierro utilizando una radial saltaron partículas incandescentes a la vegetación, lo que inició el fuego, que se propagó rápidamente.
La juez, en el auto, explica que la actividad que se desarrollaba en el lugar del incendio por la entidad Montelpa SL estaba sujeta a autorización administrativa previa, según la legislación valenciana. Sin embargo, ni Montelpa ni su contratista, Iberdrola, solicitaron a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda autorización para los trabajos ni comunicaron previamente su ejecución.
A la falta de permisos se sumarían también las «inexistentes» medidas de seguridad y prevención con las que, según la juez, trabajaba la plantilla de Montelpa. Medidas que, de haber existido, quizás habrían podido evitar la propagación del fuego. «La zona de trabajo no fue protegida por lonas ignífugas, ni desbrozada, no disponían los trabajadores de los medios adecuados de protección para la evitación de la propagación del incendio y la radial utilizada no disponía de ningún tipo de defensa para evitar el salto o proyección de chispas o partículas incandescentes a la vegetación», relata la magistrada en el escrito, que señala tanto a la empresa subcontratada como a la contratista como las responsables de no haber adoptado las medidas preventivas y de no haber comunicado a la administración forestal los trabajos que iban a realizarse.
El escrito no sólo apunta las causas y responsabilidades de lo sucedido sino también sus consecuencias, aunque sólo en parte. El auto judicial relaciona y cuantifica los daños provocados por el fuego y el coste de la extinción, aunque la valoración de los efectos de las llamas se refiere tan sólo a los desperfectos en bienes y propiedades de las administraciones públicas. Por ejemplo, en montes de gestión pública la Conselleria de Medio Ambiente estima el perjuicio en 575.627 euros y los gastos de extinción del fuego superaron los 684.500 euros en la factura de la Conselleria de Gobernación y los 213.000 en la del Consorcio Provincial de Bomberos.
La lista de daños relacionada por los cinco municipios más afectados por el fuego se acerca a los 13 millones de euros. Quedan aún por cuantificar las pérdidas de los centenares de propietarios que vieron cómo sus fincas desaparecían pasto de las llamas.
La magistrada ha dado traslado de este escrito a las partes personadas en el proceso para que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de pruebas complementarias.
Fuente: Las Provincias
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