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«Con efectos a partir del día 1 de enero de 2011, se crea como tributo propio del Principado un Impuesto sobre Ocupaciones de Montes, exigible en todo el territorio de la comunidad autónoma». Así lo anuncia el proyecto de ley que IU ha redactando en solitario durante los últimos meses, que pretende introducir como acompañamiento a los presupuestos y que ayer salió a la luz pública. El encargado de ponerle el foco fue el consejero de Medio Rural, Aurelio Martín, quien explicó que esta ecotasa «sólo gravaría la ocupación no sostenible del monte, no afecta a las explotaciones agrícolas, ganaderas, madereras o a instalaciones municipales y regionales».
¿Quién debería entonces pagar el nuevo impuesto? «Todas las instalaciones de generación y transporte de electricidad, explotaciones mineras, áridos, antenas de televisión, tendidos telefónicos, gaseoductos, oleoductos y, en general, cualquier instalación que ocupe el monte público o privado sin sacarle un aprovechamiento sostenible».
Las tasas van de los 20 céntimos por metro cuadrado ocupado por minas y canteras, hasta los 6.000 euros para teleféricos. El profesor de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera ha realizado una memoria económica según la cual, la ecotasa proporcionaría al Principado entre 14 y 18 millones sólo en el próximo año. «Si se aprueban los parques eólicos que hay proyectados, los ingresos llegarían a los 19 millones», destacó Martín.
Sostiene el consejero que la finalidad del impuesto «no es la recaudación», aunque tampoco oculta que abriría una fuente de ingresos «muy necesaria en unos momentos de caída general de la recaudación». De hecho, ese rango de entre 14 y 18 millones situarían a la ecotasa forestal como el segundo impuesto autonómico más lucrativo para el Principado, sólo por detrás del canon de saneamiento (que capta 29 millones anuales) y por delante del que carga a las grandes superficies comerciales (que se cobra 4,5 millones).
«Es un impuesto que tiene un objetivo medioambiental porque todo el dinero ingresado se invertirá en el campo», argumentó Martín. Tal es así que el proyecto contempla desgravaciones de hasta el 30% para las empresas que hayan realizado alguna inversión para la conservación del monte. «Es verdad que no es una tasa redistributiva porque no va en función de la renta, pero como sus sujetos pasivos son grandes empresas, no puede ser tachado de injusto», defendió el consejero. De hecho, el grueso del impuesto recaería sobre la industria eléctrica. Cada kilómetro de cable de alta tensión tributaría por 3.000 euros anuales, lo que, en conjunto, obligaría a HC Energía, E.On, Unión Fenosa, Endesa y Gas Natural a enfrentar una factura global de 10 millones al año.
Martín reconoció que las instalaciones de recreo y turismo también serían cargadas «salvo que la propiedad sea municipal o autonómica, como es el caso de las estaciones de Fuentes de Invierno y Pajares».
A iniciativa del consejero
Resulta extraño que un impuesto tan amplio y cuya aplicación se pretende en apenas tres meses no haya sido debatido dentro del Consejo de Gobierno y que el titular de Medio Rural lo presentara en solitario a los medios de comunicación antes que a sus compañeros de Ejecutivo. Preguntado al respecto, Martín alegó que «es obvio que en un gobierno de coalición, los consejeros tenemos iniciativa política».
El también dirigente de IU recordó «sin ánimo de polemizar» ocasiones anteriores en las que el presidente del Principado «anunció subidas en el canon de saneamiento antes de debatirlas en el consejo de Gobierno». Martín escenificó pues un paso adelante en el que confía ser secundado por Vicente Álvarez Areces «puesto que este impuesto es similar al que aplican otras comunidades socialistas y él viene hablando de la fiscalidad verde».
La estrategia, en todo caso, ha causado cierta sorpresa dentro de las filas socialistas. El candidato a la presidencia, Javier Fernández, admitió ayer no haber sido informado del proyecto de ecotasa, que limitó a «la posición de un consejero; no es por tanto una posición del Gobierno».
Fuente: El Comercio
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