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Entre 5,9 y 8,1 millones de euros estima Tragsa el valor de las actuaciones necesarias para la erradicación y control de la plaga del pino en las 310 hectáreas de bosque de los municipios de Salvaterra de Miño y As Neves que componen la zona de erradicación, esto es, la incluida en el círculo de 1,5 kilómetros de radio desde el punto donde se detectó el foco de nematodo. El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, presentó ayer en Salvaterra la oficina donde los propietarios de las parcelas afectadas pueden solicitar los permisos de tala para, siguiendo normas muy estrictas, ejecutarla antes del 28 de febrero.
Juárez señaló ayer la prioridad de ejecutar la erradicación de todas las especies susceptibles de ser afectadas por el nematodo antes de que, con la primavera, suban las temperaturas y se active el insecto vector, un tipo de escarabajo que lo transporta y expande la plaga con solo morder una rama para alimentarse. Ese objetivo erradicador es factible, pero de gran complejidad por las variables que requiere superar.
Hay unas 7.000 parcelas afectadas y los propietarios de cada una deberán presentar, en la oficina inaugurada ayer, documentos de titularidad, número de árboles agrupados por diámetro, pendientes de la parcela, forma de realizar el apeo (manual, dirigido o mecanizado), volumen de madera... Por aquí se empieza.
Tragsa estima que hay casi 100.000 árboles maderables, con un volumen próximo a los 90.000 metros cúbicos. "Dada la gran atomización de la propiedad y de la deficiente red de vías forestales [...], habrá que diseñar y ejecutar una nueva red de vías y mejora de las actuales", indica en su informe, que también plantea construir seis grandes parques para el depósito de la madera y los residuos generados. Después habrá que restaurar los suelos, infraestructuras e instalaciones dañadas por las actuaciones.
El conselleiro y su director general de Producción Agropecuaria, José Álvarez Robledo, recordaron ayer que la normativa estatal no contempla indemnizaciones por la erradicación, que corresponde realizar a los particulares y, si no lo hacen, la Administración les cargará su coste. Aquí, no obstante, habrá compensaciones; se calcularán con el referente de las subastas públicas de 2009 y 2010 para masas forestales similares, que llevan a una cotización máxima de casi 30 euros por metro cúbico de masa forestal. Descontados los costes de apeos, transportes y otros, el precio final que se adelanta a los productores se sitúa entre ocho y diez euros el metro cúbico, esto es, menos de un millón de euros en total.
Solo son indicadores, como las valoraciones que señala Tragsa -1,8 millones de euros por la madera en la opción más alta-, que se ajustan al planteamiento inicial de la Xunta y cuyo capítulo cerrará en breve con el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea. Tales indicadores han bastado ya, sin embargo, para agitar al vecindario de la zona de erradicación.
El domingo, en una asamblea en la que participaron unas 400 personas, se constituyó una plataforma de afectados, el BNG reunió ayer a 200 en un acto informativo y Juárez y Álvarez Robledo volverán el viernes para tratar en otro acto análogo el asunto, que no ha hecho más que arrancar. Los controles obligados para la zona demarcada -un radio de 20 kilómetros desde el foco- afectan a 18 municipios, con el 54% de superficie forestal. El problema debería estar resuelto en dos años, pero nadie olvida que, en 10, todo Portugal ha acabado en cuarentena.
Fuente: El País
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