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Un año más miles de hectáreas de bosque y matorral han quedado reducidos a una mancha calcinada y silenciosa que tardará un siglo en recuperar su extinta belleza. Siempre hubo fuego en el monte. Pero desde la transición sus cifras crecen, algunos años imparablemente. ¿Invasión turística del monte, vendettas agrícolas o políticas, descuidos, terrorismo forestal como muy bien apuntó la ministra Narbona?
Lo cierto es que en 1985 ardían 486.000 hectáreas (cifra récord hasta hoy), y en 1964 se quemaban otras 437.000 hectáreas. Este verano varios fuegos han calcinado en Andalucía miles de hectáreas y la alerta ha vuelto a sonar. ¿Qué se puede hacer sobre lo que ya se realiza cada año? Tuve en una etapa de mi vida que dirigir la lucha nacional contra los incendios. Vi entonces muchos fuegos forestales en primera línea: San Lorenzo de El Escorial, Castellón, Valencia...Muchas veces sentí el calor de las llamas a pocos metros y el humo asfixiante. Es aterrador, angustioso, grandioso, dantesco... no hay palabras. Fruto de aquella experiencia y de años de meditación - aquellas imágenes no se olvidan- son el conjunto de reflexiones que siguen. ¿Hacemos suficiente prevención? Hay que prevenir durante el invierno con limpiezas del monte, cortafuegos, puntos de agua para suministro a bomberos y medios aéreos, puestos de vigilancia numerosos, caminos accesibles, etc. Las viejas prácticas de limpieza de los lugareños han desaparecido y los montes llegan al verano convertidos en yesca. Una simple barbacoa puede originar un fuego de extraordinarias proporciones. Y desgraciadamente las CCAA no disponen de recursos suficientes para formular un Plan de prevención de tan enorme intensidad como se precisa. Es necesaria una sensibilidad especial y un Plan ad hoc de la Unión Europea que hasta ahora no se han dado. Alguien argumentará que no tiene sentido aplicar enormes recursos a un subsector que aporta menos del 0,1 por ciento del PIB, pero esta reflexión productiva es incompleta. El paisaje, el turismo rural, el senderismo, etc. generan en términos de renta, puestos de trabajo indirectos y ocupación del territorio, cifras considerables, y son fuente de bienes públicos inestimables. Además cada hectárea quemada juega en contra de la aportación de oxígeno, agrava el calentamiento de la Tierra, libera toneladas de carbono «fijo» que pasa a ser carbono «emitido» y por tanto carga en contra de cuanto se pretende mediante Kioto. Pero cuando llega el fuego hay que atacar rápido y masivamente. Luego es tarde. Cada conato no debería sobrepasar las 6/ 20 horas quemadas. La única acción combativa eficaz es la reacción inmediata, llegar muy rápido al foco y extinguirlo en las primeras horas. Si las llamas se hacen enormes, la línea de fuego se extiende por kilómetros, el calor se hace insoportable, el humo y el fuego se vuelven barreras de acceso inaccesibles... Si es así, es seguro que devorará miles de hectáreas antes de ser extinguido. Pero para esa acción rápida y contundente no es suficiente con los medios habituales. Es preciso usar el Ejército. Atacar muy rápido. Sí, pero en masa. Bomberos y voluntarios son no son bastantes. El fiscal del Tribunal Supremo Antonio Vercher ha narrado con toda precisión el buen resultado obtenido en Galicia desde que las unidades del Ejército patrullan los bosques gallegos en función preventiva. ¿Por qué no se amplía tal experiencia a otras CCAA? Y sobre todo ¿por qué no reflexionar sobre la posible intervención del Ejército junto a los bomberos desde la primera hora en la extinción? Lo enviamos con asombrosa facilidad al exterior en acciones humanitarias y casi nunca para atender a nuestros problemas internos más graves e inmediatos. El Ejército debe patrullar en verano los montes y acudir al fuego en el primer momento para su extinción. La población lo espera y alabaría, seguro, tal decisión. Mas no sólo hacen falta hombres. Hablemos de los medios materiales. Deben operar todos desde el inicio. Los aviones, helicópteros, camiones cisternas, etc. son de las CCAA y de la Administración Central, es decir de todo el Estado. El principio de solidaridad (que invoca la Constitución) debería obligar al auxilio mutuo entre Comunidades Autónomas. En unos fuegos terribles del año 80 u 81, Francia, a nuestra petición, nos envió varios de sus aviones al Mediterráneo y tiempo después parte de nuestro glorioso Escuadrón 404 voló a su Costa Azul para auxiliarles en sus graves incendios. ¿No cabe exigir igual solidaridad entre nuestras comunidades autónomas? Y llegamos a las causas y el castigo. Son muchas: climáticas (rayos ...), descuidos (colilla, paella, ....), negligencias agrarias (quemas de pastos, rastrojos, etc.), fortuitas (chispas de motores, líneas eléctricas, etc.) o intencionadas. Y en este caso dos supuestos: incendiarios vengativos o simplemente pirómanos psiquiátricos. La sociología rural enseña que las más de las veces la cerilla va unida a la venganza por rencillas familiares, celos, lindes, aguas, polémicas cinegéticas, etc. Sin embargo, los últimos mayores fuegos declarados en España tuvieron causas fortuitas: Montmajor y Moratalla por líneas eléctricas; Millares, Villarluengo y San Martín de Boniches por el rayo. Estos últimos de Huelva parece que se iniciaron, uno en unos contenedores y otro accidentalmente por una barbacoa. Ninguno por urbanizaciones potenciales. Y mi pregunta, mi gran duda es: si el fuego ha sido provocado por accidentes climáticos, negligencia o venganza, etc. ¿es el propietario forestal quien debe ser castigado cerrándole la puerta a una posible urbanización de parte de sus terrenos quemados si fuera posible? ¿Juzgamos por lo penal a los pirómanos y, al tiempo, condenamos por vía administrativa previa al propietario inocente? ¿Es esto justo? Sólo en el caso de que incendiario y propietario sean la misma figura o colaboradores necesarios cuyo fin es urbanizar, cabría castigar al propietario privándole del derecho de urbanizar. En los otros supuestos el propietario es ajeno al incendio. Es más, es el mayor perjudicado. Incluso esta forma de castigo indiscriminada puede producir un «efecto llamada» para incendiar montes sobre los que exista una pretensión legítima de un propietario para urbanizar y algún vecino pretenda torpedearla por cualesquiera razones. Un simple cerillazo del vecino oponente frustrará aquellas pretensiones. Es más rápido que personarse en el expediente de recalificación... y anónimo... Y finalmente, las urbanizaciones. Muchas personas veranean en viviendas encerradas en medio de un monte potencialmente ignífugo. Lo ocurrido este verano no debe repetirse. Antes del próximo estío toda urbanización rodeada de monte debería disponer de un cortafuegos perimetral capaz de constituir un auténtica barrera de las viviendas frente al fuego, que debería mantenerse todo el año libre de matorral. Aquí el tiempo ya apremia. En conclusión. Nadie tiene la solución para tan grave y aterrador elemento. Es una batalla difícil y dolorosa para los que la gestionan. Pero es evidente que para atajar un fuego hay que disponer de medios humanos y materiales en abundancia, de torres y equipos de vigilancia numerosos y eficaces, hay que avisar pronto, prevenir y llegar de modo muy urgente, de forma masiva, con el Ejército y con medios materiales sin límite. Sólo así cabe extinguir el fuego en pocos minutos/horas. Corresponde a las CCAA y a la Administración Central disponer de tales medios. Pero hacen falta más recursos. Si contrabalanceamos el importe de las ayudas necesarias frente a las pérdidas materiales en productos primarios, los daños medioambientales generados, el CO2 emitido y las pérdidas de oxígeno futuras, así como los altos costes de extinción en medios y vidas humanas, comprobaremos que un plan de esta naturaleza es altamente rentable y necesario. Pero yerra quien cree que éste es sólo un problema nacional. Debe ser trasladado a la Unión Europea, para que en el marco de sus debates sobre Kioto y sobre la PAC, arbitren fondos en cuantía suficiente y pronto. Es cierto que la UE nunca ha sido proclive a lo forestal (tal ausencia se percibe incluso en el texto literal de la Constitución Europea donde lo margina por completo) y sus programas en esta materia han sido insuficientes por no decir inexistentes. Sin embargo ésta es una buena ocasión para que la UE-25, toda, se una en una política ignífuga activa y coherente con Kioto y con el desarrollo rural.
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